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17:27h. Lunes, 23 de Octubre de 2017

El Estado analiza pagar deudas a jubilados por ley o por decreto

 LA POSIBILIDAD DE AFECTAR PARTE DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DE LA ANSES, PARA SALDAR LAS DEUDAS PENDIENTES CON LA TOTALIDAD DE LOS JUBILADOS QUE GANARON O MANTIENEN LITIGIOS CON EL ORGANISMO POR DIFERENCIAS EN LOS HABERES PERCIBIDOS

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"(El presidente Mauricio) Macri dijo en marzo en el Congreso que íbamos a pagar los juicios de los jubilados, algo histórico, inédito, en lo que estamos trabajando", señaló el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.

El funcionario recordó que "hay muchos adultos mayores que están esperando hace más de 10 años" y precisó que "el volumen de juicios es muy grande: hay 50.000 con sentencia firme, y los vamos a pagar este año, mientras otros 300.000 juicios están dando vueltas".

Los equipos jurídicos de la Anses, por lo pronto, ya trabajan en la redacción de las dos vías, es decir, los proyectos de ley y de decreto.

En declaraciones televisivas, Basavilbaso ratificó que la participación accionaria del organismo en empresas “está en revisión”.
“Estamos pensando si tiene sentido que la Anses tenga acciones en tantas empresas o si hace más sentido que ese dinero se utilice para planes sociales o para dar alguna contención”, concluyó el funcionario.

La posibilidad de que la Anses se desprenda de estos papeles -para lo que se necesitaría la aprobación del Congreso de la Nación- repercutió negativamente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), donde el índice Merval cayó 3,89% ante la posibilidad de que el organismo se desprenda de las acciones que el Estado nacional tiene en distintas empresas que cotizan en el panel líder. Las principales pérdidas fueron para Aluar (-5,80%), YPF (-4,68), Banco Galicia (-4,5), Petrobras (-4,16) y Transener (-4,09).

Fuentes técnicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social explicaron a Télam que se analizan distintas alternativas para atender en el corto plazo las sentencias firmes, o que están aún en curso, que involucran a unos 350.000 jubilados.

Representantes de la Anses y otros altos funcionarios del gobierno nacional vienen manteniendo en las últimas semanas reuniones con diputados, senadores, camaristas de la previsión social y otros actores para resolver la situación en forma definitiva.

Si bien en el organismo previsional afirman que todavía "no hay nada resuelto", admiten que se trata de definir las vías para obtener los recursos necesarios para cumplir la promesa de campaña electoral de Cambiemos.

La utilización de parte del FGS -cuyo valor total roza hoy los 700.000 millones de pesos, considerando que a fines de octubre había llegado ya a 612.000 millones- permitiría cancelar en pocos meses la deuda con los jubilados litigantes.

Una de las opciones consideradas en el gobierno es que la medida se disponga a través de un decreto, habida cuenta de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto fue creado, precisamente, a través del decreto 897, de julio de 2007.

Otra opción en estudio contempla el pago de las sentencias con lo obtenido por la venta de acciones de empresas en las que la Anses participa como accionista.

Además de las inversiones en proyectos productivos y de infraestructura (como el ProCreAr), plazos fijos y bonos, la Anses detenta acciones de más de medio centenar de empresas por unos 90.000 millones de pesos (eran 82.710 millones a fines de octubre pasado).

Seis compañías privadas concentran casi dos tercios de la inversión en acciones del FGS, según los últimos datos difundidos, de seis meses atrás.

Se trata de Banco Macro (15.573 millones de pesos), que hoy perdió 3,99%; Telecom Argentina (12.907 millones), que retrocedió 3,23%; Grupo Financiero Galicia (9.680 millones), un 4,50%; Siderar (9.161 millones), 2,39%; y BBVA Banco Francés (4.465 millones), que finalizó la jornada de hoy con una caída de 4,05%.

Una eventual licitación de esos papeles empresarios requeriría el envío previo de un proyecto de ley al Congreso, dado que se trata de acciones hoy controladas por la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), creada por la ley 27.181, sancionada en septiembre pasado.

El nuevo organismo fue ideado por el gobierno anterior para intervenir "activa y positivamente" en áreas claves de la economía, tales como los sectores energético, financiero, industrial y de servicios, entre otros.